El derecho humano al agua

El agua como recurso ha sido caracterizada desde diferentes perspectivas, como bien público, como bien económico y como bien común. Desde el enfoque de derechos humanos, el acceso básico al agua, así como el saneamiento, ha sido reconocido como un derecho humano fundamental.

Precedentes.

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió la Observación General 15 (Naciones Unidas E/C.12/2002/11), en la que se asume que ‘el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos’. En este documento se define y delimita el alcance y contenido del derecho humano al agua, que se entiende como el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Por su parte, el derecho al saneamiento fue caracterizado adecuadamente en un informe específico de 2009 de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Catarina de Alburquerque (Naciones Unidas A/HRC/12/24).  En él, la Experta independiente afirma que existen las obligaciones claras de derechos humanos relacionadas con el saneamiento, ya que está indisolublemente ligado a la realización de muchos otros derechos humanos, y resulta indispensable para su realización.  Esboza una definición de saneamiento en términos de derechos humanos, y explica las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento, así como el contenido de esas obligaciones.

El derecho humano al agua y al saneamiento

Como quiera que las Observaciones Generales producidas en el seno de las Naciones Unidas no son vinculantes para los Estados, son especialmente relevantes las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de julio de 2010 en la que reconoce formalmente el derecho al agua y al saneamiento, y, sobre todo, la del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de septiembre de 2010 en la que afirma que el derecho al agua y al saneamiento es vinculante legalmente para los Estados toda vez que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana.

En materia de privatización, rendición de cuentas y transparencia, en los artículos 6 y siguientes, se especifica lo siguiente:

6. Reafirma que los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y que el hecho de haber delegado en terceros el suministro de agua potable segura y/o servicios de saneamiento no exime al Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos;

 7.  Reconoce que los Estados, de conformidad con sus leyes, reglamentos y políticas públicas, pueden optar por hacer participar a actores no estatales en el suministro de agua potable segura y servicios de saneamiento y, con independencia del modo de suministro, deben velar por la transparencia, la no discriminación y la rendición de cuentas;

8.  Exhorta a los Estados a que:

 b) Velen por la total transparencia del proceso de planificación y ejecución en el suministro de agua potable segura y servicios de saneamiento y la participación activa, libre y auténtica de las comunidades locales afectadas y los interesados pertinentes;

Consecuentemente, se puede afirmar que el derecho humano al agua es legalmente vinculante para los estados que hayan suscrito los tratados internacionales que lo amparan, siendo España uno de ellos.

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Lee este artículo: El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de privatización

Este es el portal de Naciones Unidas para el derecho humano al agua: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

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