¿Qué leyes nos amparan?

La condición de ciudadano/a implica el derecho a la información, es decir el derecho a conocer cuánto nos puede afectar una acción realizada desde las Administraciones Públicas, en este caso, en su deber de proveer a la sociedad madrileña de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento, que están obligados a  prestar.

La información a la ciudadanía, potencial usuaria, es un elemento inseparable del buen y correcto funcionamiento de los servicios públicos, la propia coherencia de estos servicios entraña la información como parte de la estructura funcional sin la cual el servicio resulta inviable. No hay servicio de carácter general sin una componente informativa.

La prestación de servicios públicos como el abastecimiento y el saneamiento de agua constituyen, en muchas ocasiones, cuestiones políticas sujetas a decisión que, dada su importancia trascendental deben ser ampliamente debatidas y para ello, tanto la ciudadanía como sus representantes,  deben disponer de toda la información.

Con el derecho ciudadano a la información, se trata de establecer la capacidad social de obtener la información para el debido control público de los servicios y entidades establecidas para la prestación de los servicios de trascendencia por su tradición y su universalidad como son el abastecimiento de agua potable y saneamiento, la sanidad, la educación el transporte y otros de similar importancia.

La información debe abarcar todos y cada uno de los puntos esenciales que integran el funcionamiento y la prestación puntual de los servicios y,  dada la complejidad y la alta tecnificación de esta acción administrativa, debe ser tratada y elaborada de modo que resulte comprensible para la población general que ha de ser abastecida. Además, debe de ser de fácil acceso y debe contemplar la fiabilidad, regularidad, salubridad  y continuidad del servicio público, ya que dichos elementos deben de estar presentes en el funcionamiento normal y regular del servicio.

El derecho a la información está garantizado por el ordenamiento jurídico español y por la resolución A/HRC/RES/15/9 de Naciones Unidas, por lo que en el caso de que dicha información, que debe ser de dominio público, sea negada por responsables de los servicios de modo injustificado puede ser exigida por la ciudadanía.

Los principios jurídicos y normativos en que podemos basarnos para hacer efectivo el derecho a la información, son los siguientes:

a) la realización progresiva y la no discriminación;

b) la disponibilidad, calidad del agua, aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad;

c) participación, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

  • En la legislación española existen algunas leyes que desarrollan el acceso de la ciudadanía a la información sobre las actividades de las Administraciones y organismos públicos, siendo las principales, el artículo b 105 de la Constitución española, el artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y el artículo 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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