El derecho a la información amenazado

La privatización del Canal de Isabel II, puede poner en riesgo el acceso a la información.

Si la gestión del servicio del agua se encomienda a una empresa mercantil privada, como es una Sociedad Anónima, dicha gestión podría ser considerada como perteneciente al ámbito privado y, por lo tanto, puede ser impedido el acceso a la documentación empresarial no pública. De esta forma, el derecho a la información podría ser seriamente restringido. La forma de gestión indirecta puede conducir a que no se cumpla lo que dicta la Constitución Española y demás legislación, que faculta la consulta de documentos públicos.

Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, el abastecimiento de agua es de competencia  y responsabilidad municipal debiendo controlar el ayuntamiento la prestación de este servicio y estar en posesión de los datos y documentos públicos relativos a su funcionamiento más allá de lo concerniente  al régimen interno que adopten las empresas adjudicatarias que, de cualquier forma, habrá de ajustar su gestión al Ordenamiento Jurídico.

Es evidente que los procesos de privatización siempre añaden dificultades y ponen trabas a los derechos de información pues, en muchos lugares, aparece el secreto comercial e industrial como escusa para ocultar  información,  en muchos casos de importancia vital. No obstante la defensa de la ciudadanía nunca debe renunciar a derechos constitucionalmente reconocidos. Pliegos y demás documentos contractuales establecen las obligaciones y derechos de las empresas y de la Administración contratante.

Todo cuanto corresponda a la gestión administrativa pública puede ser accesible al conocimiento social, este es el único modelo capaz de evitar las corruptelas  que,  en forma de favoritismos y arbitrariedades,  lastran y pueden lastrar el quehacer de los entes públicos encargados de proporcionar a la población los servicios esenciales que significan derechos irrenunciables.

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