Comienza la privatización

Desde que comenzó el proceso de privatización del Canal, la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por su falta de transparencia y por ocultar todo tipo de información que posibilitara un debate serio sobre este problema.

En primer lugar, no ha presentado en la Asamblea de Madrid los informes previos necesarios que justificaran la privatización del Canal, desconociéndose las actuaciones que el Canal debía encarar en los próximos años. Tampoco se presentó en la Asamblea el preceptivo plan de inversiones. De esta forma se ocultó a las/os diputadas/os regionales, a los ayuntamientos y a la ciudadanía, la información necesaria para poder debatir democráticamente las necesidades reales y las posibles alternativas a la privatización.

La necesidad de obtener fondos privados, esgrimida por el PP, para garantizar la demanda de abastecimiento y la aplicación de Directivas medioambientales europeas, fue una cortina de humo sin fundamento destinada a justificar la privatización, como así lo han demostrado estudios realizados por diversas organizaciones como Ecologistas en Acción o la propia Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

El proceso legislativo de aprobación de la privatización del Canal fue otra muestra de la actitud antidemocrática del Gobierno Regional. La privatización se introdujo en dos artículos (16 y 17) de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, escondida entre decenas de reformas de diverso tipo, en lugar de tramitarse como Ley ordinaria, lo que hubiera posibilitado un debate de mayor calado. La rapidez con que fue tramitada indica el nulo interés del Gobierno Regional de que se diera en sede parlamentaria un debate real sobre este tema.

Durante los cuatro años en los que se ha desarrollado el proceso de privatización, la información a la Asamblea de Madrid y a la ciudadanía ha sido nula, a pesar de las múltiples comparecencias que ha tenido que realizar Ignacio González para responder a las preguntas de la oposición. Sus intervenciones han constituido una antología del chascarrillo, la provocación y la chulería. El PP se ha quedado sólo en la defensa de la privatización, frente a las posiciones del resto de opciones políticas de la Asamblea (IU, PSOE y UPyD), pero ha utilizado el rodillo de la mayoría absoluta para evitar un debate de fondo.

Las escasas informaciones disponibles se han obtenido a través de filtraciones y de la información suministrada por la Sra. Aguirre o el Sr González a la prensa afín. Los dirigentes del PP, han despreciado, así mismo, las múltiples formas en que la sociedad se ha opuesto al proyecto de privatización (manifestaciones, marchas, recogida de firmas, etc.) e incluso se han burlado de un hecho tan relevante como la Consulta Social, realizada en marzo de 2012, en la que participaron más de 180.000 madrileñas/os.

Hay que destacar, por su importancia, la negativa a hacer públicos los informes que realizaron para el Gobierno regional los bancos BBVA y Rothschild y las consultoras TINSA y Cuatrecasas, sobre los aspectos financieros, económico, patrimoniales y jurídicos de la privatización del Canal. Estos informes se entregaron a la administración a finales de 2010 y a pesar de que se realizaron mediante contratación pública y no estar sometidos a secreto oficial, se han mantenido ocultos a los grupos parlamentarios y al propio Consejo de Administración del Canal.

El proceso adolece de un déficit democrático, tanto por su opacidad y la falta de información, como por no haber permitido a la ciudadanía manifestar su opinión sobre la privatización del Canal y sobre las decisiones que el Gobierno de la CM ha venido adoptando sobre ese tema. El tener una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, no avala adoptar una decisión de tal magnitud sin contar con la opinión de los/as ciudadanos/as, máxime cuando el PP no había incluido en su programa electoral esta privatización.

La petición de la convocatoria de un Referéndum vinculante realizada por la Plataforma y Marea Azul, para que la ciudadanía decida si quiere que el Canal se privatice o por el contrario se mantenga 100% público, es necesaria para restituir la legitimidad democrática del proceso.

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