Chantaje a los ayuntamientos

El desprecio a las competencias municipales y el chantaje al que el Gobierno Regional ha sometido a alcaldes/esas y concejales/as para que firmaran los Convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua, ha sido una constante a lo largo de los dos últimos años del proceso de privatización. Los ayuntamientos no han tenido oportunidad de discutir la conveniencia o no de la privatización del Canal, ni han recibido información sobre las características y condiciones de prestación del servicio de la nueva sociedad anónima que se iba a crear, cuando por Ley son los competentes en materia de abastecimiento y saneamiento y propietarios de los sistemas de distribución de agua potable y de la red de colectores de aguas residuales en su término municipal.

A los ayuntamientos se les ha impuesto un nuevo modelo de gestión perjudicial para los intereses de sus ciudadanas/os, que les convertirá en meros clientes de una empresa mercantil poderosa. A los municipios que se han opuesto, se les ha amenazado con romper unilateralmente los convenios vigentes, devolverles la gestión de las infraestructuras municipales y cobrarles las cantidades adeudadas por las inversiones. Se trata de un chantaje mediante el cual se obliga a los ayuntamientos a renunciar a su autonomía para optar a la modalidad de gestión que consideren más conveniente respecto a los servicios de abastecimiento y saneamiento. Esta amenaza se recogió en la Ley 6/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas, que ha sido recurrida, a propuesta de la Plataforma, ante el Tribunal Constitucional por 50 senadores/as del PSOE, cuyo recurso fue admitido a trámite el pasado 16 de mayo de 2012.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posible ilegalidad de la firma por los ayuntamientos de los nuevos convenios con Canal Gestión S.A., cuando ésta esté participada por capital privado, ya que en este caso estarían vulnerando la obligación de sacar a concurso público la adjudicación de los servicios de agua de los que son titulares (Ley de contratos del Sector Público y Ley sobre procedimientos de contratación en el sector del agua). Este argumento, compartido por personas expertas del Derecho de Aguas como Antonio Embid o Francisco Sosa Wagner, está siendo utilizado en muchos de los recursos contencioso administrativos que se están presentado por responsables municipales y entidades sociales contra los acuerdos de incorporación al nuevo modelo de gestión. La Plataforma, a través la FRAVM, Ecologistas en Acción y ATTAC ha presentado anuncios de recursos contencioso‐ administrativos contra los acuerdos firmados por Madrid, Getafe, Majadahonda y Alcorcón.

Por tanto, se puede concluir que:

– El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha marginado a los Ayuntamientos en la toma de decisiones respecto a la privatización del Canal.

– El proceso de firma de los nuevos convenios se ha desarrollado sin la suficiente información y transparencia.

– Para conseguir la firma se ha utilizado la presión y el chantaje, aprobándose incluso normativas de dudosa legalidad.

– El nuevo modelo de gestión no respeta las competencias municipales.

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