Canal de Isabel II Gestión S. A.

La constitución de Canal Gestión S. A. se ha realizado, con una total opacidad, desconociéndose los criterios para la valoración de sus activos y del capital social de la sociedad, su estructura y funcionamiento, así como sus obligaciones cara a la prestación de los servicios relativos al ciclo integral del agua.

Escudándose en su condición de sociedad anónima, no se han hecho públicos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad, por lo que se desconocen las inversiones que se están llevando a cabo, el destino de los bienes patrimoniales y de las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil, así como la cuantía de los dividendos distribuidos entre el accionariado actual: Comunidad autónoma y ayuntamientos.

La ausencia de transparencia y de rendición de cuentas está siendo utilizada por el Presidente de la Comunidad, Ignacio González, para poder llevar el proceso de privatización sin interferencias y vender el Canal a los inversores privados que más le convenga. Para garantizar esta impunidad se han creado unos Consejos de Administración ad hoc, tanto en el ente público CYII, como en la sociedad Canal Gestión S.A., compuestos en su práctica totalidad por correligionarios del Partido Popular de la máxima confianza del Presidente. En el cuadro siguiente se recoge la composición del Consejo de Administración de la sociedad anónima, destacando la falta de representación de los/as trabajadores/as en el mismo y la pertenencia o dependencia del PP de todos los Consejeros. Se desconocen los sueldos o dietas de los consejeros, que en el caso de la sociedad Canal Gestión S.A., las determina el propio Consejo de Administración.

Canal Gestión S.A

El secretismo con que se ha constituido la sociedad Canal de Isabel II Gestión y la falta de información sobre los documentos que recogen sus competencias, estructura y obligaciones (contrato‐programa, inventario de bienes y derechos que se aportan a la sociedad, valoración económica del contrato programa, etc.), quebranta el derecho de la ciudadanía a la información, transparencia y rendimiento de cuentas en los temas de abastecimiento y saneamiento.

La constitución de la sociedad anónima no se ha realizado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, sino para preparar en un futuro el desembarco de accionistas privados. La sustitución de un modelo de cooperación interadministrativa que respetaba las competencias municipales y los intereses de la ciudadanía, por otro de tipo accionarial que introduce la consecución de dividendos y el lucro del accionariado, es de difícil encaje con los objetivos de servicio público.

Es ilustrativo el retroceso que, en cuanto a transparencia e información a las/os ciudadanas/os, se ha dado desde que se formó la sociedad anónima. Al amparo de su nuevo estatus jurídico se están ocultando las decisiones que adopta el Consejo de Administración y toda la información relevante sobre el funcionamiento de la sociedad.

No existe ningún mecanismo de participación y control de la ciudadanía en el modelo de gestión actual e incluso ha desaparecido la representación de los/as trabajadores/as en el Consejo de Administración. La constitución de una sociedad anónima, siempre que sea 100% pública, es compatible con la participación de la sociedad civil y de los/as trabajadores/as en su órgano de gobierno, siempre que haya voluntad política de llevarla a cabo. Como ejemplo podemos citar el caso de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A. (EMACSA), donde existe este tipo de participación en su Consejo de Administración.

Canal Gestión se ha transformado en un coto cerrado del Presidente la Comunidad, Ignacio González, que hace y deshace sin que exista ningún tipo de control sobre su actividad. El ente público CYII, que debería ejercer este papel, no dispone de medios humanos y materiales para realizarla. Se trata de una mascarada, de un engaño, cuyo propósito es que el poder real de decisión se mantenga en la sociedad anónima creada.

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